Alex Argüelles, Derechos Digitales, Link (CC-BY-SA)
Especialistas y activistas de la cultura libre en América Latina y El Caribe están buscando nuevas maneras de incidir en las políticas públicas ligadas al acceso a la cultura en todas sus variantes. A través de una declaración producida colectivamente, buscan establecer un referente para el avance de la región en torno a la ciencia abierta.
El acceso abierto al conocimiento es una condición fundamental para promover el pleno ejercicio de las libertades de las personas. Pensamos en libertades como plural, ya que en este caso no solo referimos a la libertad de expresión, sino a la libertad de poder indagar, navegar, compartir y acceder a los recursos que permitan a las personas retomar la información que deseen para promover su desarrollo y así fomentar una serie de procesos que detonen nuevos paradigmas a través de la capacidad de experimentar, conocer y expresarse con el poder de la información necesaria para respaldar sus proyectos, ideas y descubrimientos.
Muchas veces, debido a la facilidad con la que hemos encontrado alternativas para acceder a estos recursos -científicos, culturales, informativos, históricos y de divulgación- damos por sentado el privilegio que representa el contar con ellos; olvidando que las vías alternativas de acceso al conocimiento son más bien un recurso desesperado ante una necesidad real, que los lobistas de la propiedad intelectual han sabido desplazar hasta un rincón olvidado, donde las políticas públicas nunca dan el ancho, acompañadas de criterios y puestas en marcha dispares entre las distintas expresiones de la cultura.
Ante estas amenazas que llevan años fraguándose y sofisticándose para imponer restricciones al acceso y candados sobre el conocimiento (y el poder que este conlleva) a través de criminalización y censura, ha habido esfuerzos globales para hacer frente y diversificar los campos de acción e incidencia para defender el acceso libre y abierto al conocimiento: desde contrapropuestas de ley, alternativas a las atribuciones de propiedad intelectual, sitios de divulgación en resistencia y movimientos globales.
Sin embargo, estos esfuerzos de gran impacto -al igual que otras prácticas más íntimas, como el compartir claves de acceso a servicios privativos- pasan desapercibidos por las personas encargadas de tomar las decisiones, muchas veces cooptadas para satisfacer los intereses de empresas poderosas, pasando de largo sobre quienes finalmente se ven afectadas por estas restricciones y a falta de recursos para comprender las repercusiones e involucrarse en incidir en estas discusiones, no tienen alternativa más que asumir y acatar las órdenes diseñadas en función a los intereses de unos cuantos grupos en contraste al interés del bien común. Y en efecto, es el mismo cuento una y otra vez: quienes tienen poder económico, quienes tienen poder político, quienes tienen poder sobre los intereses y el bienestar del resto… Pese a esto, en las arenas digitales, ya ha habido una serie de batallas ganadas a favor de los bienes comunes.
Por un lado, vemos el frente de quienes buscan la transparencia gubernamental a través de la exigencia de rendición cuentas como medio para informar e involucrar a la sociedad civil en procesos para prevenir los abusos del poder y fomentar la democracia o quienes participan activamente en los cabildeos para promover las políticas en torno a la defensa de ciencia abierta, a quienes motivan la reapropiación de espacios de debate desde plataformas libres o a quienes desde las labores curatoriales buscan preservar la cultura abierta.
Activistas, periodistas, docentes, científicas e investigadoras han escrito manifiestos y promovido espacios de reflexión en torno a la importancia del acceso al conocimiento. Sin embargo el problema persiste ya que no solo se trata de retomar las experiencias globales (o de determinadas regiones) y exportarlas como modelos reivindicativos, sino que el reto está en lograr trazar rutas de acción que vayan acorde a los contextos específicos de cada región; entendiendo así las necesidades y manifestaciones culturales que permitan enriquecer a las políticas públicas locales. Es menester trabajar por el entendimiento profundo de la importancia que conllevan la ciencia abierta y el conocimiento libre para la transformación de aquellas prácticas que se alejan de la promoción de la democracia, la justicia social y la fomentación del desarrollo.
Más allá de ser este un eje imprescindible para construir sociedades en las que un futuro más abierto a la diversidad y la pluralidad de ideas sea alcanzable, la importancia de la apertura a la información conlleva la potencia de incidir en el desarrollo personal de quienes conforman dichas sociedades. El permitir un acceso abierto al conocimiento asegura, en principio, un punto de partida a través del cual miles de personas podrían beneficiarse y retribuir a sus comunidades a través de la innovación, la experimentación y la difusión de ideas que permitan fortalecer las participaciones democráticas y la toma de decisiones que impacten y beneficien aquellos sectores que actualmente no son tan visibles ante la falta de oportunidades de acceso, divulgación e incluso réplica.
A propósito de la Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta
Después de ser presentada en el marco del Foro Abierto de Ciencias de América Latina y El Caribe (CILAC, 2018) por un grupo multidisciplinario, conformado por personas interesadas y practicantes de ciencia abierta en distintos rubros y regiones hispanohablantes, la propuesta inicial de la Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta se abrió a comentarios a través del denominado “documento vivo” en un llamado que finalizará a mediados de diciembre de este mismo año.
El valor de esta propuesta, aunado a la riqueza de cohesionar una serie de diversos esfuerzos ya existentes en las regiones participantes, radica en que este documento está fungiendo como un puente para crear la conexión necesaria entre especialistas, quienes toman las decisiones en materia política (y que eventualmente moldean las formas de acción) y las personas de la sociedad civil interesadas en formar parte de este esfuerzo colectivo por promover marcos de acción desde Latinoamérica.
Lograr el consenso entre la multiplicidad de personas que encontramos interés en estos temas no solo devendrá en la promoción de propuestas más cercanas a nuestra región, además permitirá respaldar los esfuerzos locales a través de marcos que se adapten a las necesidades específicas que tenemos y permitirá incidir el trabajo de quienes toman decisiones de políticas públicas para fomentar el desarrollo social; en contraste con el accidentado camino que hasta la fecha denota el desinterés por proteger aquellas bases fundamentales sobre las cuales podemos fincar democracias en sociedades informadas y con la libertad plena de acceder a la información necesaria para fomentar el desarrollo que corresponda a la satisfacción de sus necesidades individuales, comunitarias, locales y regionales.
Si bien aún queda camino por recorrer, ahora estamos en la posibilidad de comprender mejor la importancia del acceso y (re)uso del saber, la cultura, las ciencias y el conocimiento en general desde una perspectiva que nos permita pensar la multiplicidad de este conjunto como un todo al que se debe abordar desde políticas públicas que estén a la altura de las discusiones locales y regionales que muestran un arduo avance en la producción de propuestas para atender los cabos que quedan por atar.
